El proyecto “Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las capacidades innovadoras en empresas del sector agroindustrial del Atlántico”, del cual la Contraloría General de la República identificó presuntos hallazgos, fue aprobado por Ocad de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel nacional.

El organismo de control configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 14.180 millones de pesos, según reveló el medio Cambio.

El programa fue presentado por el Departamento del Atlántico ante el Sistema General de Regalías, pero formulado técnica y metodológicamente por la Fundación CESi, desde 2018, y evaluado por el panel de expertos del Ocad de Ciencia, Tecnología e Innovación, obteniendo un puntaje de 89,6/100.

Posteriormente, aprobado por el Ocad nacional del fondo de Ciencia, Tecnología E Innovación, mediante el Acuerdo 83 de noviembre 2019. 

Acuerdo aprobado por Ocad nacional by Zona Cero

La ejecución empezó el 1o. de diciembre de 2020 y en total, Funcesi recibió 14.385 millones de pesos para operar el proyecto, que constaba de capacitaciones a empresas beneficiarias y la entrega de 'vouchers de innovación’, que eran bonos de 40 millones de pesos cada uno para invertirlos en una bolsa con 40 proveedores de tecnología e innovación previamente seleccionados.

Entre los requisitos para participar estaban, según explicó Cambio: “Acreditar el domicilio principal o sucursal en el Atlántico, tener objeto social o actividad económica relacionada con el sector agroindustrial y contar con solvencia jurídica, es decir, no estar en quiebra o proceso de liquidación”.

82 empresas fueron beneficiarias, pero la Contraloría identificó que 79 no pertenecían al sector agroindustrial, según el Registro Único Tributario (RUT).

Fueron identificadas ópticas, una comercializadora de medicamentos y cosméticos, una empresa de software clínico empresario y gestión documental, una compañía de seguridad, una comercializadora de pasta artesanal, entre otras.

La Contraloría constató que algunas empresas no tenían su sede principal en el Atlántico y otras que sí tenían vínculos con el sector agro, en el RUT no tenían registrada la actividad agroindustrial. 

Desde la propia Acta de Viabilidad del Ocad nacional, quedó en constancia de que la Fundación CESi fue identificado como el aliado técnico formulador del proyecto y, por tanto, como la entidad idónea para ejecutarlo.

El proyecto llegó al Ocad ya estructurado por CESi, con su metodología, diagnóstico, alcance y modelo operativo, y fue evaluado por el panel de expertos con base en esa formulación. 

En consecuencia, la selección de CESi no fue una decisión posterior de la Gobernación, sino una condición inherente al proyecto aprobado por el Ocad.

Esto fue ratificado en la Resolución 000168 de 2019 del departamento, que autorizó la contratación directa precisamente porque el proyecto aprobado ya contemplaba a CESi como su formulador y operador técnico, garantizando continuidad metodológica, coherencia técnica y respeto por los criterios de evaluación del Sistema General de Regalías.

La Gobernación del Atlántico, para ese momento, ejerció las funciones de supervisión administrativa, jurídica y financiera, conforme al Convenio Especial de Cooperación verifica, vigila y certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista y alimenta el sistema de seguimiento del SGR; y validar el avance para cada desembolso.

Zona Cero conoció que funcionarios vinculados al proceso explicaron que esta iniciativa fue formulada por por la Fundación CESi desde 2018 y fue aprobado por por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – Ocad del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR).

Este Ocad es una instancia nacional de decisión, presidida y orientada técnicamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, e integrada por:

- El Gobierno Nacional, representado por MinCiencias (Secretaría Técnica) y por el Departamento Nacional de Planeación,

- Representantes de los Gobernadores, designados por la Federación Nacional de Departamentos.

- Representantes de los Alcaldes, designados por Asocapitales y Fedemunicipios.

- Y el Comité Consultivo de CTeI, que brinda concepto técnico no vinculante.

Las decisiones del Ocad se adoptan por votación colegiada, con un mínimo de dos votos favorables, conforme al artículo 31 de la Ley 1530 de 2012.

En este caso, el Ocad nacional validó, viabilizó y aprobó el proyecto, reconociendo la idoneidad del formulador (CESi), la coherencia técnica del diseño y la pertinencia en el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esto significa que el proyecto fue evaluado, ajustado y viabilizado por la Secretaría Técnica del Ocad (MinCiencias) antes de llegar a ser contratado por el departamento.

El Convenio 202001567 establece que el operador técnico (CESi) era responsable de diseñar e implementar la metodología, administrar los recursos, ejecutar el proyecto, seleccionar beneficiarios, contratar proveedores, consolidar la trazabilidad técnica y financiera, y rendir informes al SMSCE del SGR.

La Gobernación, en contraste, debía gestionar los desembolsos, designar al supervisor, verificar cumplimiento formal, consolidar reportes administrativos, y asegurar la correcta alimentación de sistemas de seguimiento.

La supervisión, de acuerdo a lo conocido por Zona Cero, no es co-ejecutora ni co-garante de los resultados técnicos, sino un rol estrictamente de control formal sobre el contratista.

Sobre las empresas que no serían del sector agroindustrial, según los documentos, el proyecto fue aprobado para toda la cadena agroindustrial, la cual incluye logística, empaques, transporte, procesos, calidad y digitalización. Esta amplitud está expresamente permitida por los Términos de Referencia del Ocad.

Los documentos agregan que, sobre el domicilio, el Ocad establecía que las empresas debían tener domicilio principal, sucursal o establecimiento de comercio, por lo que la presencia operativa en el Atlántico era suficiente para cumplir el requisito.

Respecto a la matrícula mercantil, la renovación no era un requisito del proyecto y no afecta la existencia legal ni la capacidad operativa de una empresa, según los documentos conocidos por este medio.

Durante la supervisión, la Gobernación ordenó la devolución de $30 millones al operador, monto reintegrado y registrado en el acta de liquidación bilateral del 12 de diciembre de 2023.

Contrato para programa de Ocad en Atlántico by Zona Cero